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18 febrero, 2010

Nuevas Autoridades del Poder Judicial de Bolivia

El presidente Evo Morales completó las acefalías en el Poder Judicial, sumido en su peor crisis, al juramentar en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, a 18 magistrados, ministros y consejeros de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura, con que abonó la transición a un nuevo régimen institucional previsto en la Constitución boliviana.
En virtud a las prerrogativas que le franqueó la Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Poder Judicial, vigente hace cuatro días, el mandatario designó a 9 abogadas, tres de ellas indígenas, y otros tantos abogados para que desempeñen, eventualmente hasta el 5 de diciembre -cuando debe celebrarse por primera vez en Bolivia la elección en las urnas de las autoridades del Organo Judicial, en arreglo a la nueva Constitución- los principales puestos en la judicatura criolla.
En acto celebrado en el edificio insignia del Poder Judicial, en Sucre, a 760 km al sudeste de La Paz, y tras un proceso de selección y consultas varias a diversos niveles, Morales designó en la Suprema Corte como Ministros a:

Ana Maria Forest

Jorge Isaac Von Borries Méndez

Ramiro Guerrero Peñaranda

Esteban Miranda Terán

Jorge Monasterio Franco.

El máximo tribunal boliviano, de fallos inapelables y que se encontraba prácticamente vacio desde 2009, está conformado por doce magistrados.
La Suprema Corte debe sanear más de 13.000 casos que guardan polvo en sus archivos.
En el Tribunal Constitucional, (paralizado hace casi un año tras fenecer el mandato de sus cinco miembros), el jefe de Estado nombró a:

Fausto Juan Lanchipa Ponce

Abigail Burgoa Ordóñez

Ernesto Félix Mur

Ligia Mónica Velásquez

Marco Antonio Baldivieso

lo mismo que a los suplentes de éstos, Lili Marciana Tarquino, Agapito Alpire Pérez, Carmen Mamani Roldán, Magali Calderon Maldonado y Melma Tito Araujo.
Finalmente en el Consejo de la Judicatura, de 4 miembros, que administra e imparte disciplina en la judicatura boliviana, posesionó a los abogados Amalia Morales Rondón, Lindo Fernández, Freddy Torrico Zambrana que se sumaron a Rodolfo Mérida que, en solitario, sostuvo durante meses el carácter institucional del órgano.
POSIBLE POSTULACIÓN

Las autoridades judiciales transitorias podrán presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que este organismo dé el visto bueno y se postulen en las elecciones del 5 de diciembre a ocupar funciones titulares en el Órgano Judicial durante los próximos seis años.

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, informó ayer a La Prensa que “la ley que se ha promulgado, la ‘ley corta’, no limita a que las autoridades elegidas en este proceso de transición puedan habilitarse para las próximas elecciones. Este derecho está vigente para estas autoridades transitorias”.

El artículo 2 de la mencionada disposición legal señala que “se convoca a elecciones de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agrario, Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura para el domingo 5 de diciembre de 2010”.

La posesión de los jueces interinos del Órgano Judicial se realizará en la Casa de la Libertad, en Sucre, aunque la fecha de este evento aún no ha sido definida, pues puede cumplirse hoy o mañana.

Sin embargo, esta ceremonia no podrá celebrarse posteriormente porque el Mandatario viajará a México para reunirse con organizaciones sociales, movimientos campesinos y sectores populares el fin de semana.

Según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), el portavoz gubernamental Iván Canelas dijo que el Jefe de Estado trabajó intensamente durante el feriado de Carnaval “en busca de los mejores hombres y mujeres, los mejores profesionales abogados que hay en el país, los mejores juristas”, para cubrir las acefalías en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.

Canelas insistió ante la referida agencia que “no ha sido nada fácil que el Presidente pueda encontrar a profesionales que cumplan la función de la manera más transparente, idónea y con mucha vocación”. Desde hace varios días trascienden varios nombres; el vocero dijo que “lo que está muy claro es que los abogados que han defendido a delincuentes, narcotraficantes, privilegiando los intereses particulares en detrimento de los intereses del país, no serán elegidos. Éste es un principio que el Presidente toma en cuenta y que también el vicepresidente Álvaro García Linera lo estableció como principio”.

Canelas agregó que, a fin de efectuar estas designaciones, Evo Morales “realiza consultas a todo nivel y también ha estado recibiendo, en las últimas horas, una serie de propuestas (de sectores) que está considerando”.

Empero, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, informó ayer que esa institución no había sido consultada para seleccionar a las futuras autoridades.

“No sé si el Gobierno habrá hecho consultas con otros entes del país, pero no hubo contactos con el Colegio de La Paz ni el lunes ni el martes”.

El vocero masista Jorge Silva dijo que los elegidos ejercieron su profesión “en el ámbito de la administración de justicia, en la docencia universitaria y en los campos público y privado”.

Aseguró que ninguno de ellos tiene “dependencia” o militancia política y no fueron propuestos por las organizaciones sociales, sino que se trata de destacados juristas de “reconocida trayectoria”.

La ex ministra de Justicia Celima Torrico afirmó que los magistrados que serán nombrados por el Presidente gozarán del respaldo de las organizaciones sociales, porque provienen de un proceso de selección amplio.

En su condición de dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la ex autoridad expresó que las organizaciones sociales no pusieron objeciones a no haber sido consultadas para estas designaciones.

Los Colegios de Abogados de Bolivia no fueron consultados por el Gobierno.

Los jueces están de acuerdo

Los representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) filial Chuquisaca afirmaron que la aprobación de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes de Órgano Judicial y Ministerio Público es oportuna para garantizar el proceso de transición constitucional.

El representante de la Amabol César Suárez negó que la denominada “ley corta” sea inconstitucional; por el contrario, se convierte en el “puente” entre el viejo ordenamiento jurídico y el nuevo.

“Esta ley de transición era necesaria antes de enero de 2010, tienen que promulgarse las leyes que emerjan de la nueva Constitución, en consecuencia consideramos que este nuevo ordenamiento jurídico va a dar lugar también a que se tenga que crear un nuevo sistema judicial”.

No hay un “plan B” para el Tribunal

Por el momento, el Gobierno no tiene un “plan B” para el Tribunal Constitucional. Si los magistrados interinos de este organismo comenzaran su labor el lunes 22 y trabajaran sin interrupción en fines de semana, feriados o fechas de elecciones, dispondrán de 313 días para resolver más de 5.640 recursos de amparo constitucional planteados hasta el 6 de febrero de 2009, lo que implica que deberán atender 18 casos por día.

La actual Constitución fue promulgada el 7 de febrero del año pasado, por lo que los ministros transitorios podrán procesar la carga procesal pendiente del Tribunal Constitucional con arreglo a la ley fundamental vigente en Bolivia desde 1967.

Consultado por La Prensa en torno a la posibilidad de que las funciones de este organismo temporal sean ampliadas hasta concluir la revisión de todos los expedientes, el vocero político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, aseguró ayer que “primero habrá que ver cuánto puede avanzar el Tribunal Constitucional”, pues sus autoridades deberán liquidar esos casos, pero admitió que “todavía no hay un plan B. Esperemos los resultados de los próximos diez meses”.

“Si el tiempo alcanza, se verá en diciembre. Hay cálculos que dicen que será tiempo suficiente, pero hay otros que dicen que será insuficiente”.

Silva dijo que no está “en la lectura del oficialismo” tener dos organismos de control constitucional paralelos, pues la llamada “ley corta” convocó a elecciones de autoridades judiciales, entre las que se cuenta a los ministros del Tribunal Constitucional Plurinacional, para el domingo 5 de diciembre y sus labores comenzarán el 3 de enero de 2011, primer día hábil del próximo año.

Este problema no se replicará en el Consejo de la Judicatura, que debe resolver, a decir de su actual presidente en funciones, Rodolfo Mérida, entre 500 y 600 procesos disciplinarios a operadores de la justicia, ni para las aproximadamente 7.000 causas pendientes de sentencia ante la Corte Suprema, porque éstas podrán ser resueltas posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, que deberá aplicar el actual ordenamiento expresado en los códigos Penal, Civil, de Familia o de Comercio, que aún no serán modificados bajo los nuevos cánones constitucionales.

año pasado.

Veredictos

Los jueces transitorios cumplirán funciones hasta el 31 de diciembre de este año.

Las elecciones populares del Órgano Judicial se cumplirán el domingo 5 de diciembre.

Las autoridades electas desempeñarán sus cargos desde el 3 de enero, primer día hábil de 2011.

Los futuros magistrados cumplirán un período de seis años y no podrán ser reelegidos.

El Presidente observará equidad de género en las designaciones que dará a conocer entre hoy y mañana.

Dentro de 180 días, la Asamblea Legislativa deberá sancionar las leyes de organización judicial.

Al amparo de esas normas se elegirá a los magistrados de cuatro entes del Órgano Judicial.

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